EL NEGOCIO MILLONARIO DEL ABORTO CLANDESTINO: buscando las verdaderas causas de su prohibición

La corrupción en el negocio del aborto clandestino es una práctica compleja que incluye a diferentes grupos de poder y opera a través de estrategias diversas. La captura del Estado por parte de estos grupos, por ejemplo, les permite legislar y mantener la prohibición. También les permite regular y restringir el acceso de las mujeres a medicamentos abortivos, como el misoprostol, exigiendo receta archivada o restringiendo la venta únicamente a establecimientos públicos, como ocurrió recientemente en Mendoza. De esta manera logran el objetivo de proteger el control monopólico de los médicos sobre el aborto clandestino. Otras prácticas, menos sofisticadas, incluyen a los médicos que ejercen la objeción de conciencia en los hospitales públicos, pero que hacen abortos y cobran en sus consultorios privados.

En paralelo y de manera muy coordinada, estas prácticas se articulan con jueces y médicos que obligan a parir a las mujeres que acuden a un hospital público después de una violación o con un embarazo riesgoso para su salud. De esta manera logran disciplinar al resto de mujeres para que no exijan sus derechos y sigan atrapadas en el circuito clandestino del aborto.

De acuerdo al segundo informe presentado por Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto*, en base a la experiencia concreta de 1.700 mujeres que llamaron a la línea Aborto: más información menor riesgos buscando información sobre aborto seguro, esta red mafiosa de políticos, médicos, jueces, farmacéuticos y policías se reparten un negocio de más de 300 millones de dólares anuales. Pero mientras los corruptos se enriquecen con el aborto clandestino, las mujeres son sometidas a prácticas inseguras y son víctimas de múltiples tipos de violencia económica, física, psicológica y sexual.

Según las experiencias relevadas por el mismo informe, la clandestinidad encubre un negocio corrupto que obliga a muchas mujeres a endeudarse para pagar abortos inseguros de hasta 5.000 pesos, o a pagar 500 pesos por una pastilla de misoprostol, cuando el valor comercial de la caja de 16 pastillas es de 300 pesos. Pero la clandestinidad no sólo multiplica los costos del aborto, también multiplica las posibilidades de abusar, maltratar y torturar a las mujeres. En este contexto de impunidad, las mujeres que viven discriminadas en la pobreza son las más perjudicadas, quedando atrapadas en métodos abortivos mortalmente inseguros.

Para legalizar el aborto primero es necesario identificar las verdaderas causas de su prohibición. El aborto clandestino es un negocio corrupto y millonario gestionado por el Estado y el sector privado. Desde este punto de vista, la legalización del aborto es simplemente un mal negocio.

* www.informacionaborto.blogspot.com